
La medida se toma a raíz del caso de Claudio Barrelier, acusado del femicidio de Agostina Vega, quien continuó trabajando en el lugar pese a sus antecedentes.
La medida se toma a raíz del caso de Claudio Barrelier, acusado del femicidio de Agostina Vega, quien continuó trabajando en el lugar pese a sus antecedentes.
El Concejo Deliberante de Córdoba aprobó ayer una modificación del Estatuto del Empleado Municipal que establece nuevos requisitos para ingresar y permanecer en la administración pública, entre ellos, el pedido de antecedentes penales. La medida se tomó a raíz del caso de Claudio Barrelier, acusado del femicidio de Agostina Vega, quien continuó trabajando en el lugar pese a las denuncias en su contra.
La iniciativa busca establecer condiciones más claras para quienes trabajan en el municipio y para aquellos que aspiran a incorporarse. Entre los nuevos requisitos se incluye la presentación de certificados de antecedentes y la obligación de los empleados de informar sobre imputaciones o acciones penales en su contra.
El debate tuvo como uno de sus principales impulsores al concejal Nicolás Piloni, quien defendió la reforma y destacó el respaldo recibido para avanzar con una propuesta que apunta a mejorar los mecanismos de control dentro del Estado municipal.
Los nuevos requisitos para trabajar en la Municipalidad de Córdoba
El concejal Nicolás Piloni
La modificación introduce cambios en los artículos 12 y 13 del estatuto, que establecen las condiciones para ingresar a la planta permanente y al personal transitorio no permanente, respectivamente. A partir de la reforma, los aspirantes deberán presentar documentación específica para acreditar su situación.
El concejal Nicolás Piloni explicó que la nueva normativa contempla la presentación del certificado de antecedentes penales y contravencionales expedido por la Policía de la Provincia de Córdoba, junto con el informe del Registro Nacional de Reincidencia. También se establece como requisito no figurar en el registro de deudores alimentarios morosos ni tener imputaciones por delitos contra la integridad sexual.
Qué deberán informar los empleados municipales
La reforma no se limita a quienes buscan ingresar a trabajar en la Municipalidad de Córdoba. También establece nuevas obligaciones para los agentes que ya forman parte de la administración y que atraviesen cambios en su situación judicial.
En concreto, deberán comunicar a las autoridades cuando reciban una imputación penal o se produzcan modificaciones en sus causas, tanto por hechos dolosos como culposos. A partir de esa información, el área competente tendrá que evaluar si la situación puede afectar las tareas del empleado o el funcionamiento habitual del servicio público.
Sin embargo, la normativa aclara que una imputación no supone, por sí sola, una sanción administrativa. Cada caso deberá analizarse de manera particular para determinar si corresponde iniciar un sumario o adoptar otras medidas. De esta manera, el nuevo mecanismo busca que las autoridades cuenten con información para evaluar cada situación antes de tomar una decisión.