Latifundios asesinos

Nanci murió como consecuencia de una suma de factores entre los que se cuentan la violencia despiadada de los femicidas, la desidia de supervisores escolares que no hicieron su trabajo, la pasión de la propia víctima por persistir en su misión educadora y la transformación de una vastedad rural donde ya casi no viven niños necesitados de asistir a la típica escuelita de campo.

El entorno donde se yergue la Escuela 626, donde Nanci Godoy se desempeñaba como directora suplente, cambió en los últimos lustros producto de un trastocamiento demográfico: las familias que en el siglo XX encontraban motivos para radicarse en el corazón de las haciendas dedicadas a la producción primaria, se marcharon a los centros urbanos en busca de oportunidades laborales.

Las 12.000 hectáreas que constituyen el latifundio conocido como “Estancia El Curupí” dejaron de ser necesarias para producir carne vacuna de calidad y se convirtieron -como es el caso- en cotos de caza en el que aterrizan magnates deseosos de matar venados y jabalíes.

La cría pastoril fue reemplazada por el sistema de feedlots, con campos de engorde que alcanzan rendimientos rápidos sin necesidad de mano de obra numerosa. Lo mismo pasa con la agricultura intensiva, tecnificada al punto de que las cosechadoras se manejan “solas”. Ergo, los educandos y sus familias se redujeron exponencialmente.

Sin embargo, en los papeles la Escuela 626 figuraba como “activa”, con lo cual los superiores jerárquicos de Nanci generaron sobre ella la obligación tácita de adentrarse constantemente a un entorno de altísima peligrosidad.

El ámbito rural puede ser presentado candorosamente como de naturaleza pura y saludable, pero a no engañarse: el ecosistema de esteros, bañados y cañadas de la geografía mesopotámica ofrece una hostilidad extrema que incrementa todo tipo de riesgos.

Entre los riesgos propios del entorno agreste, aparecen entremezclados otros riesgos como el creado por la desidia de los controladores que no controlaron: un factor humano (¿o inhumano?) materializado bajo la forma de peones rurales que se autoperciben impunes en un contexto donde ostentan un dominio territorial omnipotente, en el que las barreras preventivas de la legislación pierden efecto frente al arbitrio de malandras que aprovecharon la vulnerabilidad de una mujer para hacer de las suyas.

Los supervisores del Consejo de Educación están para, como el nombre del cargo lo indica, supervisar que una escuela se halla en funcionamiento efectivo, con una matrícula de alumnos reales y con los servicios básicos garantizados. Fue justamente lo que Nanci denunció por nota: el establecimiento estaba literalmente abandonado y todo indica que el anterior director cobraba sin trabajar.

A Nanci le tocó bailar con la más fea. La pobre buscó la forma de cumplir con la tarea encomendada a partir de su designación y quedó expuesta a un sistema perimido que no ofrece garantías en razón de su modelo de gestión, ya que las escuelas instaladas como consecuencia de la antigua “Ley Láinez”, que en 1905 fomentó la creación de instituciones educativas en zonas aisladas o inhóspitas, en muchos casos sometían a docentes y alumnos a condiciones de seguridad sumamente lábiles, al extremo de que las comunidades escolares se tornaban dependientes de la asistencia proporcionada por peones de estancia y mandamases de turno.

Detalles históricos relacionados con la investigación periodística de Osvaldo Bayer en su libro “La Patagonia Trágica”, dan cuenta del aislamiento sufrido por las maestras designadas en escuelas enclavadas en la inmensidad de los feudos corporativos del sur argentino, muchos de ellos regidos por capitales británicos.

En aquellos cotos cerrados de superficies interminables y agresiva climatología, en los años 20 del siglo pasado el Estado estaba ausente y era reemplazado por la ley interna de los fundos, aplicada por capataces matreros que imponían a las docentes el deber de realizar tareas extra áulicas (como limpiar el casco de la estancia) a cambio del agua y la leña suministradas bajo el férreo contralor de los propietarios.

Los abusos psicológicos que enfrentaban las maestras rurales en aquellos tiempos incluían el acoso sexual y otras prácticas reprochables como el “castigo” de quedar impedidas de subir al sulky que llegaba al poblado más cercano, lo que representaba un confinamiento extendido a varios días o semanas. Situaciones similares fueron documentadas en La Forestal, masiva explotación (también inglesa) de quebrachales que diezmó los bosques nativos del norte de Santa Fe hasta los años 50.

En pleno siglo XXI, Nanci quedó entrampada en una dimensión pretérita de tiempo y espacio divorciada de la realidad hiperconectada del mundo actual. A raíz de que los responsables directos nunca relevaron la escuela del paraje “El Malezal”, a la que debían haber catalogado como fuera de servicio desde hacía años, la condujeron a un escenario desolado para que enfrentara una realidad irremontable: sin agua, sin luz y con los baños tapados por tierra compactada, la escuela era un criadero de murciélagos y otras alimañas.

La verdad es que el Estado, en especial a partir del ajuste aplicado a la educación pública, enfrenta serias dificultades logísticas para responder a demandas como las planteadas por Nanci. Trasladar al epicentro de una finca infinita una cuadrilla de albañiles, sanitaristas, pintores, carpinteros y electricistas, sin contar con los especialistas que deberían haber explorado el terreno circundante mediante perforaciones, en busca de vertientes subterráneas de agua, representa un esfuerzo administrativo de magnitud extraordinaria para una escuela cuya matrícula más reciente (registrada hace unos tres años) sumó un total de 8 alumnos.

En medio de todo eso, apareció la maldad absoluta. Los detenidos por la muerte de la maestra están acusados de haber segado su vida mediante tormentos inenarrables que incluyen hasta la amputación de una mano. ¿Qué vio Nanci Godoy? ¿Quisieron silenciarla para encubrir actividades ilegales? La investigación judicial tendrá que dar respuestas a esos interrogantes.

En los otros Poderes del Estado las responsabilidades se limitan a la faz institucional. Que un legislador -como han salido algunos por las redes sociales- intente atribuir a un gobierno (cualquiera sea ese gobierno) el horroroso final que padeció Nanci, es tan desproporcionado como culpar al aleteo de una mariposa brasileña por el tsunami de Japón.

En vez del “caranchismo” que se observa en la conducta de algunos referentes de la política vernácula, perpetradores de indisimulables maniobras mediáticas orquestadas para obtener réditos electorales incomprobables, surge de este caso tan conmocionante la necesidad de un profundo debate sobre la viabilidad de las escuelas públicas erigidas en perímetros de propiedad privada donde la seguridad pasiva de una guardia policial o un patrullaje periódico no son la costumbre, sino la excepción.

¿Vale la pena sostener el modelo de escuelas estatales dentro de estancias cerradas al público, instaurado desde 1905 por iniciativa del senador autonomista Manuel Láinez? El martirologio de Nanci, acaecido 121 años después, nos está demostrando que no.