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Desde la Cámara alta provincial, la legisladora del PRO, Carlota Carballo, impulsa la creación de un régimen especial que fomente la construcción con madera local tanto en proyectos estatales como en edificaciones privadas.
Desde la Cámara alta provincial, la legisladora del PRO, Carlota Carballo, impulsa la creación de un régimen especial que fomente la construcción con madera local tanto en proyectos estatales como en edificaciones privadas.
La iniciativa busca aprovechar la gran capacidad forestal de la región para generar valor agregado, impulsar la industria maderera y crear nuevos puestos de trabajo en el territorio provincial.Así las cosas, Carballo dialogó en exclusiva con EL LIBERTADOR y detalló la propuesta que concita el interés forestal y de miles de familias.
A continuación, el desarrollo de la charla:¿Cuál es el diagnóstico de fondo que motiva la presentación de este proyecto en la Cámara de Senadores?-Corrientes es hoy una de las provincias forestales más importantes del país, con más de 516.000 hectáreas forestadas resultado de décadas de políticas de promoción y del esfuerzo del sector. Sin embargo, nos enfrentamos a una paradoja: gran parte de esa madera sale del territorio como materia prima o con escaso procesamiento. Las propias autoridades del área reconocen que la provincia produce más recursos forestales de los que logra consumir o colocar en los mercados. Eso significa que el valor agregado, la inversión y el empleo industrial se están generando en otras jurisdicciones. El objetivo central de la norma es conectar esa abundancia con la amplia demanda habitacional de Corrientes, transformando el recurso en componentes, estructuras y viviendas terminadas en el territorio provincial.
¿De qué manera propone el proyecto que el Estado asuma un rol activo para impulsar este mercado?-El Estado provincial debe asumir el rol de comprador inicial para dar escala y previsibilidad. Por eso establecemos un doble cupo mínimo: no menos del 10 por ciento de las viviendas sociales que licite anualmente el Invico o se financien con recursos provinciales deberán ejecutarse en madera correntina. A su vez, reservamos un 5 por ciento del monto anual de inversión en obras públicas de arquitectura para la construcción industrializada o el uso de componentes de madera local. Además, para que los aserraderos y Pymes puedan invertir con seguridad, creamos el plan trienal de demanda pública, que obliga al Estado a programar y publicar las compras estatales a tres años vista, habilitando contratos marco y licitaciones agregadas.
Respecto a la capacidad técnica e industrial de la provincia, ¿existen condiciones reales para responder a esa demanda?-Existen señales clarísimas de que la industrialización de la madera es una realidad en marcha. Por un lado, el Invico ya desarrolló un prototipo de vivienda de madera. Por otro lado, en 2026 se presentó la primera planta industrial de madera maciza (Mass Timber) del país, que se instalará en Gobernador Virasoro con una inversión superior a los 20 millones de dólares. Lo que faltaba era justamente un marco normativo que garantice demanda estable, reglas técnicas claras e incentivos precisos.
La demanda pública da el puntapié, pero ¿cómo planean incentivar a las familias y desarrolladores privados para que elijan construir con madera?-El desarrollo sostenido de la industria depende de que el sector privado adopte el material. Para ello, el proyecto articula un paquete de incentivos muy concreto: impulsamos la gestión de líneas de crédito hipotecario ante el Banco de Corrientes en condiciones no menos favorables que las de la construcción tradicional. En materia impositiva, establecemos la exención del Impuesto de Sellos para contratos de construcción e hipotecas, y una reducción del 50 por ciento en la alícuota de Ingresos Brutos para fabricantes y constructores. Estos beneficios fiscales tendrán una vigencia de cinco años y estarán acotados al cupo que fije la Ley de Presupuesto. Asimismo, se promoverán acuerdos con aseguradoras para igualar coberturas y se invita a los municipios a adecuar sus códigos de edificación y bonificar tasas de construcción.
¿Cómo se asegurará la calidad de las obras y la preferencia por la producción estrictamente correntina?-Creamos el Certificado de Origen Madera Correntina, que acreditará la procedencia y el grado de transformación provincial, otorgando un margen de preferencia de hasta el 5 por ciento en las contrataciones públicas. En el plano técnico, la autoridad de aplicación dictará Normas Técnicas Provinciales adaptadas a nuestras especies y clima, complementarias del Reglamento Cirsoc 601 y de las normas Iram. El cumplimiento de esta normativa será exigencia indispensable para acceder a los beneficios fiscales y créditos. Además, la ley contempla sanciones severas -que van desde multas hasta la suspensión en los registros de proveedores- para quienes incurran en falsedades sobre el origen de la madera o incumplan la norma.
¿De dónde saldrán los fondos para sostener este régimen y cuál es el impacto esperado en el Interior provincial?-Para financiar estas políticas creamos el Fondo Provincial de Fomento a la Construcción con Madera (Fopromad), de carácter intangible, disponiendo que no menos del 65 por ciento de sus recursos se destine al financiamiento productivo y de la vivienda particular. El impacto directo se sentirá en el Interior de Corrientes, donde se concentran los aserraderos, carpinterías y puestos de trabajo. Lo que busca esta ley es que la riqueza forestal que producimos se transforme aquí mismo en hogares para las familias correntinas, en infraestructura pública y en empleo local.
