
La capital correntina lleva más de dos años y ocho meses con el servicio público en emergencia. Ahora se pretende prolongar ese régimen por otro año, mientras el 31 de diciembre también vence el plazo para convocar a licitación por las trazas del servicio.
La capital correntina lleva más de dos años y ocho meses con el servicio público en emergencia. Ahora se pretende prolongar ese régimen por otro año, mientras el 31 de diciembre también vence el plazo para convocar a licitación por las trazas del servicio.
La ciudad de Corrientes lleva 32 meses bajo un régimen de emergencia en el transporte público de pasajeros y, lejos de encaminarse hacia una solución definitiva, el Municipio pretende extender por otro año esa situación excepcional. La iniciativa, que ya obtuvo ayer la aprobación sobre tablas de la primera lectura en el Concejo Deliberante, permitiría mantener la emergencia hasta el 31 de diciembre de 2027. Pero hay otro vencimiento que agrega incertidumbre: el último día de este año también concluye el plazo establecido para convocar a licitación por las trazas del servicio urbano.
La coincidencia de ambos plazos vuelve a poner bajo la lupa la política municipal de transporte. Mientras se solicita una nueva prórroga de las facultades extraordinarias, sigue pendiente una definición fundamental para reorganizar el sistema: la licitación de los recorridos que deberán cubrir las empresas prestatarias.
La emergencia fue declarada el 27 de febrero de 2024 mediante la Resolución Nº 1092/24 del Ejecutivo municipal, en un contexto marcado por la eliminación de subsidios nacionales y el incremento de los costos operativos. El 14 de marzo de ese año, el Concejo Deliberante ratificó la medida a través de la Ordenanza Nº 7435, estableciendo su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025.
Sin embargo, antes de llegar a ese vencimiento, el Municipio decidió prolongar el régimen. El 25 de noviembre de 2025 dictó la Resolución Nº 5772 y posteriormente el Concejo Deliberante homologó la extensión mediante la Ordenanza Nº 7699, que fijó como nueva fecha límite el 31 de diciembre de 2026.
Ahora, cuando todavía resta más de un mes para que finalice esa prórroga, el Ejecutivo vuelve a solicitar otro año de emergencia. De aprobarse, el transporte público de la Capital podría completar casi cuatro años funcionando bajo disposiciones excepcionales, una situación que plantea interrogantes sobre la capacidad de las autoridades para encontrar respuestas permanentes a una crisis que se arrastra desde hace tiempo.
El otro punto que adquiere especial relevancia es el vencimiento del plazo para llamar a licitación por las trazas del transporte urbano. Esa obligación tiene como fecha límite el próximo 31 de diciembre, coincidiendo con la finalización de la emergencia actualmente vigente.
La licitación constituye una instancia central para definir la organización de los recorridos, las condiciones de prestación y las responsabilidades de las empresas que operarán el servicio. Sin embargo, el debate público vuelve a concentrarse en la necesidad de extender la emergencia, mientras no se conocen precisiones sobre el cumplimiento de ese otro compromiso.
La situación abre un interrogante inevitable: ¿se avanzará finalmente con la licitación de las trazas o la nueva prórroga terminará postergando también una definición que resulta indispensable para ordenar el transporte capitalino?
La reiteración de medidas extraordinarias no puede convertirse en una respuesta permanente. La emergencia fue concebida como una herramienta transitoria para afrontar circunstancias excepcionales, pero su prolongación durante años corre el riesgo de naturalizar un funcionamiento que debería tener reglas estables, controles efectivos y previsibilidad para los usuarios.
En ese contexto, las consecuencias recaen sobre los pasajeros, que dependen de los colectivos para trasladarse a sus trabajos, establecimientos educativos y centros de salud. El régimen excepcional permite introducir modificaciones en la prestación, como reducciones de frecuencias y unidades en circulación, que afectan directamente la calidad del servicio.
MÁS FACULTADES PARA EL MUNICIPIO
El proyecto ingresado al Concejo Deliberante, identificado con el expediente Nº 6221-S-2026, contempla un régimen transitorio de permisos para la prestación del transporte urbano y una nueva extensión de la emergencia hasta fines de 2027.
La concejala Lilian Cano explicó ayer que la iniciativa busca otorgar mayores atribuciones al Ejecutivo municipal para controlar las unidades y las empresas, además de habilitar contrataciones ante eventuales interrupciones del servicio. También se contempla la posibilidad de prolongar nuevamente el régimen excepcional.
Por otra parte, el Concejo Deliberante conservaría la facultad de establecer las tarifas y, hasta el momento, no existe una propuesta concreta para modificar el precio del boleto.
El proyecto continuará su análisis en las comisiones de Obras, Hacienda y Legislación. Como parte del procedimiento, se convocó a una audiencia pública para el 4 de diciembre, a las 8, en el recinto legislativo de 25 de Mayo 1132. La inscripción para participar permanecerá abierta hasta el 29 de noviembre.
La audiencia representa una oportunidad para que los vecinos planteen sus reclamos, pero también para exigir explicaciones sobre los resultados de más de dos años y ocho meses de emergencia y sobre el futuro de la licitación de los recorridos.
El problema ya no se limita a determinar cuánto tiempo más necesita el Municipio para administrar una situación excepcional. La cuestión de fondo es qué se hizo durante estos 32 meses para superar la crisis, por qué todavía se necesitan nuevas prórrogas y qué garantías existen de que el sistema finalmente será reorganizado.
A poco más de un mes del doble vencimiento, la Capital enfrenta nuevamente el mismo escenario: una emergencia que amenaza con perpetuarse y una licitación pendiente que debería ser parte de la solución. Mientras tanto, los usuarios continúan esperando un transporte público que funcione con regularidad, previsibilidad y condiciones acordes con las necesidades de la ciudad.
La cuestión de fondo es qué se hizo durante estos 32 meses para superar la crisis, por qué todavía se necesitan nuevas prórrogas y qué garantías existen de que el sistema finalmente será reorganizado.