
La Cámara baja aprobó el proyecto de la legisladora Lorena Lazaroff que prohíbe el uso de los dispositivos en los penales. La iniciativa cosechó el respaldo del oficialismo y bloques aliados, pero generó polémica tras el rechazo de la kirchnerista Marlene Gauna.
La Cámara baja aprobó el proyecto de la legisladora Lorena Lazaroff que prohíbe el uso de los dispositivos en los penales. La iniciativa cosechó el respaldo del oficialismo y bloques aliados, pero generó polémica tras el rechazo de la kirchnerista Marlene Gauna.
La Cámara de Diputados de Corrientes otorgó media sanción al proyecto de ley que prohíbe el ingreso, la tenencia y el uso no autorizado de teléfonos celulares y otros dispositivos de comunicación inalámbrica dentro de las unidades penitenciarias de la provincia. Si bien la iniciativa avanzará ahora hacia el Senado para su tratamiento definitivo, la sesión estuvo marcada por un intenso debate político protagonizado por la diputada kirchnerista Marlene Gauna.
Según se desprende del debate parlamentario, Gauna adoptó una postura crítica y rechazó el enfoque de la norma impulsada por el oficialismo. En su intervención, la legisladora cuestionó las prioridades del proyecto y reclamó mejoras básicas en la infraestructura carcelaria, exigiendo específicamente la provisión de alimentos dignos para la población penal.
Por su parte, la autora del proyecto, la diputada oficialista Lorena Lazaroff, defendió la iniciativa argumentando la necesidad de desarticular maniobras delictivas organizadas desde el interior de los penales. "Hoy una de las mayores modalidades delictivas es precisamente el ingreso de telefonía celular de manera ilícita a los establecimientos carcelarios provinciales", señaló Lazaroff durante su exposición.
La legisladora detalló que los delitos cometidos mediante estos dispositivos incluyen estafas, fraudes, extorsiones, amenazas y secuestros virtuales, maniobras que, según afirmó, ponen en riesgo especialmente a adultos mayores y jóvenes. "El objetivo fundamental de este proyecto de ley es precisamente evitar que se realicen actos ilícitos dentro de los establecimientos penitenciarios. La finalidad de este proyecto es bloquear las telefonías celulares o dispositivos y controlar esa comunicación que va a ser realizado, por supuesto, por la autoridad competente", explicó.
El texto que recibió media sanción establece un estricto control sobre las telecomunicaciones en el ámbito carcelario provincial, contemplando las siguientes medidas:
Detección e inutilización: Se dispone la instalación y puesta en funcionamiento de sistemas tecnológicos de avanzada para la detección fija y remota de dispositivos móviles activos en zonas restringidas, cuyas características técnicas definirá la autoridad de aplicación. Además, se prevé la inutilización del código IMEI de los aparatos no autorizados que sean secuestrados.
Comunicaciones autorizadas: Para garantizar el derecho de los internos a mantener contacto con familiares, amigos, allegados, abogados y representantes de instituciones vinculadas a su reinserción social, el articulado establece que las llamadas deberán realizarse estrictamente a través de teléfonos fijos de tecnología analógica. Estas comunicaciones estarán sujetas a horarios, limitaciones de tiempo y monitoreo constante bajo resguardo del Servicio Penitenciario.
Sanciones al personal: La norma incorpora severas sanciones disciplinarias para los agentes penitenciarios que infrinjan los controles o faciliten el ingreso de dispositivos, un punto que fue expresamente celebrado durante la sesión por el diputado Ricardo Leconte.
Con la media sanción obtenida en la Cámara baja, el expediente pasará ahora a la Cámara de Senadores de Corrientes, donde el oficialismo buscará convertir la iniciativa en ley antes de que finalice el período legislativo.
De aprobarse en el recinto del Senado, el Poder Ejecutivo provincial deberá reglamentar la norma y determinar la autoridad de aplicación encargada de adquirir e instalar los inhibidores y sistemas de detección remota en todas las unidades penitenciarias. Mientras tanto, el contrapunto entre la seguridad pública y las condiciones edilicias y humanitarias dentro de los penales promete volver a ocupar el centro de la escena en la próxima instancia parlamentaria.
El proyecto aprobado en Diputados exige instalar inhibidores de señal, inutilizar los códigos IMEI de los equipos ilegales y restringir las llamadas a teléfonos fijos analógicos monitoreados.