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El 6 de agosto, el Senado volverá a tratar el proyecto denominado Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. La iniciativa modifica el régimen de tierras rurales, elimina los límites nacionales a su adquisición por extranjeros y deja a cada provincia la posibilidad de…
El 6 de agosto, el Senado volverá a tratar el proyecto denominado Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. La iniciativa modifica el régimen de tierras rurales, elimina los límites nacionales a su adquisición por extranjeros y deja a cada provincia la posibilidad de establecer restricciones.
Montesquieu escribió que el espíritu de una ley reside en la relación que mantiene con la historia, la economía, la geografía y las costumbres de un pueblo. ¿Cuál es, entonces, el espíritu de una reforma que altera el régimen de propiedad en un país con reservas de agua, suelos fértiles, minerales, energía y biodiversidad?
Entre los siglos XVI y XVIII, tierras comunales utilizadas por comunidades campesinas en Inglaterra fueron cercadas y convertidas en propiedades privadas. Marx llamó acumulación originaria al proceso que separó a los productores de sus medios de vida: aquello que había sido de uso común ingresó al mercado y quienes dependían de esos bienes quedaron obligados a vender su fuerza de trabajo.
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El proyecto argentino carece de identidad directa con aquellos cercamientos, aunque comparte una lógica: amplía la disponibilidad mercantil del territorio y reduce la capacidad nacional para establecer condiciones sobre su transferencia. Cada operación puede ser legal, mientras su acumulación concentra poder y desplaza decisiones hacia centros económicos externos.
En la conformación de nuestro Estado moderno, la llamada Campaña del Desierto presentó como vacío un territorio habitado por pueblos originarios. Así convirtió la ocupación militar en apropiación jurídica y abrió enormes superficies a la concentración privada. Hoy aquel gesto reaparece bajo otra forma: la tierra vuelve a ser pensada como mercancía disponible para capitales sin arraigo.
El proyecto de ley que impulsa el gobierno elimina el límite del 15% a la titularidad extranjera, los topes por nacionalidad y extensión, y buena parte de los instrumentos estatales de información y control. También deja fuera de la regulación principal a los grandes capitales privados internacionales, actores centrales del mercado de tierras. El resultado puede ser mayor concentración, aumento del valor del suelo y nuevas restricciones en el acceso a tierras y lagos. La extranjerización implica trasladar hacia centros externos la capacidad de decidir sobre recursos y territorios estratégicos.
Arturo Sampay sostuvo que la propiedad privada protege la libertad y el fruto del trabajo, pero se legitima mediante su función social. Según el texto de la Constitución de 1949: “La propiedad privada tiene una función social”. El capital debía servir a la economía nacional y la economía al bienestar del pueblo.
En su Mensaje ambiental de 1972, Perón advirtió sobre la “marcha suicida” de una civilización fundada en la dilapidación de los recursos naturales. Cada nación, sostuvo, posee derecho al uso soberano de sus recursos y la obligación de administrarlos racionalmente para asegurar la supervivencia colectiva.
Francisco retomó esa tradición al afirmar que la subordinación de la propiedad privada al destino universal de los bienes constituye una “regla de oro” del orden social. En Fratelli tutti definió la propiedad como un derecho natural secundario. La tierra y los recursos naturales forman parte de una casa común porque su uso compromete la vida de las generaciones futuras.
El proyecto actual reemplaza un marco nacional por regulaciones provinciales fragmentadas. Las provincias conservarán facultades, pero negociarán desde capacidades fiscales desiguales frente a grandes capitales financieros. Extraña forma del federalismo que oculta una renuncia nacional.
No deberíamos olvidar que la soberanía exige decidir en función del bien común. Y para eso hay que poner límites. Una ley jamás debería transferir una capacidad histórica que le pertenece al pueblo argentino. Porque lo que está en juego es el futuro de la Nación y la integridad territorial de la Patria.
