Qué dice un reciente libro sobre un desafío clave para Argentina: cómo hacer para que las reglas sobrevivan a los gobiernos

¿Las reformas pro mercado de Javier Milei perdurarán ante un cambio de Gobierno? ¿Cómo se blinda la apertura económica? ¿Por qué el corporativismo afectó el dinamismo de la economía argentina? Las respuestas están contenidas en las más de novecientas páginas del libro “Constitución y Economía” que este viernes presentó en la Facultad de Derecho el abogado constitucionalista y difusor del derecho económico Juan Vicente Sola.La presentación de la segunda edición de la obra publicada 25 años después de la primera sirvió también como una discusión sobre uno de los principales problemas que enfrenta la Argentina: cómo generar reglas que permitan que las decisiones económicas tengan efectos duraderos y den previsibilidad a quienes deben invertir. Junto a Sola participaron el abogado Héctor Mairal y Douglas Elespe quienes destacaron la importancia de incorporar el análisis económico a las decisiones de los tres poderes del Estado.Para Sola el punto de partida es “tomarse las consecuencias en serio”. Las leyes los tratados las costumbres y los precedentes producen efectos económicos que no siempre son considerados cuando se los crea o interpreta. El análisis económico del derecho explicó busca justamente incorporar esa dimensión a la toma de decisiones: no alcanza con preguntarse cuál fue la intención del legislador sino también qué efectos genera una determinada norma. Su libro busca en ese sentido acercar herramientas de la economía a quienes toman decisiones jurídicas.Esa mirada también alcanza a la Constitución. Sola planteó la idea de la “Constitución como un contrato de largo plazo” capaz de establecer reglas que trasciendan a los gobiernos de turno. Allí aparece uno de los interrogantes más relevantes para la economía argentina actual: cómo evitar que las condiciones que hoy se ofrecen a quienes invierten puedan ser modificadas por el próximo Gobierno.En una conversación posterior a la presentación Sola planteó que el RIGI por sí solo no alcanza para garantizar la estabilidad de las condiciones que se ofrecen a los inversores. Una alternativa sostuvo es avanzar hacia un blindaje internacional mediante una red de tratados y acuerdos que eleve el costo de que un futuro Gobierno revierta las reglas vigentes. En ese esquema los tratados de protección de inversiones y los mecanismos de arbitraje internacional funcionarían como una capa adicional de protección para quienes decidan hundir capital en el país.La preocupación por la previsibilidad también estuvo presente en la exposición de Mairal quien utilizó como ejemplo la reciente licitación para el mantenimiento y reparación de rutas. Según explicó más allá de que el alcance de la convocatoria pueda ser considerado modesto (“baches y jardinería”) existe un problema previo: la dificultad para conseguir inversores dispuestos a hundir capital a cambio de los ingresos futuros de un peaje. La explicación señaló está en el tratamiento que recibieron quienes habían invertido anteriormente en el sector.Mairal también destacó la utilidad de mirar las experiencias de otros países antes de adoptar determinadas normas. En ese sentido puso como contraste el desarrollo de la infraestructura vial de Chile y cuestionó que muchas discusiones sobre regulación se concentren en sus objetivos declarados sin analizar si las reglas generan los incentivos necesarios para alcanzar esos objetivos.Elespe por su parte remarcó que existe una escasa fundamentación económica detrás de muchas normas y decisiones judiciales. El análisis económico del derecho permite estudiar entre otros problemas las externalidades los monopolios los oligopolios y las fallas de mercado y preguntarse qué efectos producen las distintas soluciones jurídicas.En la presentación también apareció una de las críticas recurrentes de Sola a la economía argentina: el corporativismo. Lo definió como una estructura atractiva en su origen -con el Estado como árbitro entre los distintos grupos de interés- pero con consecuencias que terminan administrando el estancamiento. En su interpretación los grupos organizados (como pueden ser gremios o cámaras empresariales) pueden conseguir beneficios regulatorios a costa de una mayoría menos organizada una dinámica vinculada con la búsqueda de rentas y con los llamados subsidios encubiertos. La Constitución planteó debe ofrecer herramientas para limitar ese tipo de captura de las decisiones públicas.Para Sola la Constitución debe ser pensada como un mecanismo para ordenar ese proceso de largo plazo y evitar que los intereses organizados condicionen permanentemente las reglas. Su mensaje final fue también una definición sobre el papel de las ideas en ese proceso: “Las malas ideas gobiernan porque llegan primero. Las buenas tienen gran paciencia. Esperan que alguien las tome y las lleve a la práctica”.La presentación de la segunda edición de la obra publicada 25 años después de la primera sirvió también como una discusión sobre uno de los principales problemas que enfrenta la Argentina: cómo generar reglas que permitan que las decisiones económicas tengan efectos duraderos y den previsibilidad a quienes deben invertir. Junto a Sola participaron el abogado Héctor Mairal y Douglas Elespe quienes destacaron la importancia de incorporar el análisis económico a las decisiones de los tres poderes del Estado.Para Sola el punto de partida es “tomarse las consecuencias en serio”. Las leyes los tratados las costumbres y los precedentes producen efectos económicos que no siempre son considerados cuando se los crea o interpreta. El análisis económico del derecho explicó busca justamente incorporar esa dimensión a la toma de decisiones: no alcanza con preguntarse cuál fue la intención del legislador sino también qué efectos genera una determinada norma. Su libro busca en ese sentido acercar herramientas de la economía a quienes toman decisiones jurídicas.Esa mirada también alcanza a la Constitución. Sola planteó la idea de la “Constitución como un contrato de largo plazo” capaz de establecer reglas que trasciendan a los gobiernos de turno. Allí aparece uno de los interrogantes más relevantes para la economía argentina actual: cómo evitar que las condiciones que hoy se ofrecen a quienes invierten puedan ser modificadas por el próximo Gobierno.En una conversación posterior a la presentación Sola planteó que el RIGI por sí solo no alcanza para garantizar la estabilidad de las condiciones que se ofrecen a los inversores. Una alternativa sostuvo es avanzar hacia un blindaje internacional mediante una red de tratados y acuerdos que eleve el costo de que un futuro Gobierno revierta las reglas vigentes. En ese esquema los tratados de protección de inversiones y los mecanismos de arbitraje internacional funcionarían como una capa adicional de protección para quienes decidan hundir capital en el país.La preocupación por la previsibilidad también estuvo presente en la exposición de Mairal quien utilizó como ejemplo la reciente licitación para el mantenimiento y reparación de rutas. Según explicó más allá de que el alcance de la convocatoria pueda ser considerado modesto (“baches y jardinería”) existe un problema previo: la dificultad para conseguir inversores dispuestos a hundir capital a cambio de los ingresos futuros de un peaje. La explicación señaló está en el tratamiento que recibieron quienes habían invertido anteriormente en el sector.Mairal también destacó la utilidad de mirar las experiencias de otros países antes de adoptar determinadas normas. En ese sentido puso como contraste el desarrollo de la infraestructura vial de Chile y cuestionó que muchas discusiones sobre regulación se concentren en sus objetivos declarados sin analizar si las reglas generan los incentivos necesarios para alcanzar esos objetivos.Elespe por su parte remarcó que existe una escasa fundamentación económica detrás de muchas normas y decisiones judiciales. El análisis económico del derecho permite estudiar entre otros problemas las externalidades los monopolios los oligopolios y las fallas de mercado y preguntarse qué efectos producen las distintas soluciones jurídicas.En la presentación también apareció una de las críticas recurrentes de Sola a la economía argentina: el corporativismo. Lo definió como una estructura atractiva en su origen -con el Estado como árbitro entre los distintos grupos de interés- pero con consecuencias que terminan administrando el estancamiento. En su interpretación los grupos organizados (como pueden ser gremios o cámaras empresariales) pueden conseguir beneficios regulatorios a costa de una mayoría menos organizada una dinámica vinculada con la búsqueda de rentas y con los llamados subsidios encubiertos. La Constitución planteó debe ofrecer herramientas para limitar ese tipo de captura de las decisiones públicas.Para Sola la Constitución debe ser pensada como un mecanismo para ordenar ese proceso de largo plazo y evitar que los intereses organizados condicionen permanentemente las reglas. Su mensaje final fue también una definición sobre el papel de las ideas en ese proceso: “Las malas ideas gobiernan porque llegan primero. Las buenas tienen gran paciencia. Esperan que alguien las tome y las lleve a la práctica”.