Radio Online
La medida también alcanza propiedades vinculadas a Máximo y Florencia Kirchner, inmuebles en Puerto Madero y hoteles en Santa Cruz, en el marco del decomiso fijado por la condena.
La medida también alcanza propiedades vinculadas a Máximo y Florencia Kirchner, inmuebles en Puerto Madero y hoteles en Santa Cruz, en el marco del decomiso fijado por la condena.
El Tribunal Oral Federal N°2, que condenó a Cristina Kirchner en la causa Vialidad, dispuso el embargo preventivo de bienes de la expresidenta y de sus hijos Máximo y Florencia Kirchner con el objetivo de preservar el patrimonio sobre el que podría ejecutarse el decomiso ordenado en el expediente. La medida alcanza el departamento de San José 1111, donde la exmandataria cumple prisión domiciliaria, propiedades en Puerto Madero, inmuebles y hoteles en Santa Cruz, además de bienes pertenecientes a otros condenados.
La resolución lleva las firmas de los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, integrantes del tribunal, y responde a un pedido presentado por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola. Los magistrados consideraron necesario adoptar medidas para impedir que los bienes identificados dejen de estar disponibles mientras continúa el procedimiento destinado a hacer efectivo el decomiso establecido en la condena por Vialidad.
El tribunal sostuvo que “corresponde adoptar los resguardos necesarios para preservar los bienes individualizados y asegurar que la jurisdicción conserve aptitud real” para concretar esa decisión. El decomiso ya había sido dispuesto por el Tribunal Oral Federal N°2 y posteriormente convalidado por la Cámara Federal de Casación Penal, aunque Cristina Kirchner cuestionó esa parte de la resolución ante la Corte Suprema de Justicia.
Además de la pena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, la sentencia contra Cristina Kirchner estableció un decomiso por aproximadamente $685.000 millones, monto por el que deben responder solidariamente las personas condenadas en el expediente. La cifra corresponde al perjuicio económico atribuido al Estado por las maniobras investigadas en la causa.
Una vez confirmada la condena, el tribunal intimó a los condenados a depositar $684.990.350.139,86 para responder por el decomiso. Ante la falta de cumplimiento, el TOF 2 encomendó a los fiscales la identificación de activos que pudieran ser utilizados para recuperar ese monto mediante su eventual ejecución y posterior remate.
Tras ese proceso, atravesado por distintas objeciones presentadas por los condenados y sus defensas, fueron identificados 111 bienes para ser tasados y eventualmente rematados. A ese conjunto se sumaron otras propiedades detectadas por la fiscalía que todavía se encuentran bajo análisis del tribunal o respecto de las cuales se solicitaron mayores precisiones registrales. Parte de esos activos son los alcanzados ahora por los embargos preventivos.
“Existe una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada que impuso una consecuencia patrimonial concreta, actualmente exigible y todavía insatisfecha. La existencia del decomiso, su extensión económica y la obligación de avanzar en su ejecución constituyen extremos definitivamente establecidos”, argumentó el tribunal.
Los jueces agregaron que la medida cautelar no busca garantizar una eventual condena futura, sino asegurar el cumplimiento de una decisión ya adoptada. “La pretensión cautelar no se apoya, entonces, en la eventual imposición futura de una condena patrimonial, sino que se dirige a garantizar la ejecución de una decisión ya adoptada”, señalaron.
La Oficina del Derecho a la Identidad de tribunales logró 102 reconocimientos de paternidad en seis meses
Caso Julián Álvarez: el médico que revisó a Victoria Cantero habló de un posible “agarre o empujón”
EN VIVO | Juicio a Oscar González: una psicóloga forense aseguró que “tiene una estructura psicópata”
Empieza el juicio oral al cirujano plástico Aníbal Lotocki por la muerte de un paciente tras una operación
Cristina Fernández De Kirchner
