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Uno de los puntos que propone la Reforma Laboral que impulsa el Gobierno de Javier Milei afecta a los traductores públicos nacionales. Esto despertó la alerta en los profesionales que están autoconvocados. Nadia Frías ejerce esta profesión y contó en Canal 5TV el rol que tienen los especialistas en la interpretación de los idiomas en los diferentes procesos.
Jueves 13 de Agosto de 2026 - Actualizada a las: 22:11hs. del 13-08-2026
Frías habló en Canal 5TV sobre la ley de traductores públicos, dado que existe un ante proyecto para derogar el Artículo 6 de la ley 20.305. En esta parte de la Reforma Laboral se propone quitar la obligatoriedad de las traducciones certificadas, que impliquen la presencia de un traductor público, según lo expuesto por la profesional.
Explicó que el argumento de quienes impulsan la reforma es “entender que es un trámite que es burocrático, que hace desalentar las inversiones”, en una clara visión economicista de una norma social. “La participación de un traductor público tiene no sólo el marco de esta ley, sino que está en los Códigos de Procedimientos de las provincias y de la Nación”, recordó.
Además, señaló que “se interviene cuando de alguna manera se debe garantizar el debido proceso, cuando la persona no puede entender con certeza y claridad, por desconocimiento del idioma oficial el delito que se juzga”. Agregó que “al quitar la obligatoriedad de la presencia del traductor, como perito o en la interpretación, el punto clave la pérdida de seguridad jurídica”.
Al ser consultada sobre los costos de pago de los traductores, recordó que “hay aranceles para los niveles de dificultad de las lenguas”, siendo el italiano (al que ella se dedica), uno de los más accesibles, mientras que hay otros con mayor costo como el chino, pero depende de la complejidad o de la disponibilidad de profesionales.
Agregó que también tienen respaldo en las normas internacionales, como el Pacto de San José de Costa Rica, que tiene jerarquía constitucional y “establece el derecho del acusado de ser asistido por un traductor o interprete si no comprende el idioma en el que va a ser juzgado”. Habló también de Las 100 Reglas de Brasilia, que “indican que ser de otro país y no entender el idioma constituyen valores de vulnerabilidad”.
Indicó que todos los traductores del país están en red y autoconvocados y que sacaron un comunicado aludiendo a lo antes expresado. “La preocupación es por la desregulación, que afecta la fuente laboral del traductor público y porque somos componentes de un engranaje judicial, así que preocupa lo que suceda”.
