Según el proyecto de Ley de Presupuesto, el Gobierno destinará $39 por mes para cuidar cada hectárea de bosque argentino

La Argentina conserva más de 53 millones de hectáreas de bosques nativos, pero los fondos previstos para protegerlas durante 2027 representan apenas el 4,07% del mínimo legal, según un análisis de Fundación Vida Silvestre.

Argentina tiene más de 53 millones de hectáreas de bosques nativos, pero el proyecto de Presupuesto Nacional 2027 contempla destinar apenas $39 mensuales por hectárea para protegerlos. La cifra surge de un análisis hecho por la ONG especializada Fundación Vida Silvestre Argentina, que advirtió que los fondos previstos por el Gobierno Nacional representan apenas el 4,07% de lo establecido por la Ley de Bosques, sancionada hace casi dos décadas.

Se trata de uno de los porcentajes más bajos desde la aprobación de esa normativa.

La Ley 26.331, aprobada en 2007, establece que el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos debe recibir, como mínimo, el 0,3% del presupuesto nacional. Según el cálculo difundido por la organización, para 2027 correspondería asignarle $606.304 millones. Sin embargo, el proyecto del Poder Ejecutivo contempla apenas $24.668 millones, una diferencia notable.

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“Es imposible proteger nuestros bosques con estos recursos. Las provincias no pueden fiscalizar ni controlar, y los propietarios no reciben estímulos para usar de manera sustentable, conservar ni restaurar”, sostuvo Manuel Jaramillo, director general de Fundación Vida Silvestre Argentina. Según explicó, dividir los recursos proyectados entre las hectáreas existentes arroja una inversión anual de apenas $466 por hectárea.

El problema no es nuevo. Desde la organización señalan que, salvo durante los primeros años de implementación de la normativa, los fondos asignados nunca superaron el 10% de lo que correspondía. “Realizamos este pedido todos los años, porque es algo que se repite en cada presentación del presupuesto nacional”, recordó Jaramillo.

A esa situación se agrega la continuidad de desmontes en áreas donde la deforestación está prohibida. La expansión agropecuaria, forestal y urbana, junto con obras de infraestructura, sigue presionando sobre ecosistemas cuya protección depende, en buena medida, de la capacidad de fiscalización provincial. También persisten dificultades para restaurar superficies afectadas por desmontes ilegales e incendios.

El panorama presupuestario fue cuestionado también por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN). Según su análisis, durante 2025 se ejecutó apenas el 31% de los fondos previstos para conservación, mientras que en los primeros ocho meses de 2026 la ejecución alcanzó el 16,9%. Además, el proyecto para 2027 plantea financiar solamente 23 planes de manejo sostenible, frente a los 1.200 contemplados en 2022.

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La importancia de conservar estos ecosistemas excede ampliamente la protección de árboles y animales. Los bosques regulan el ciclo del agua, almacenan carbono, contribuyen a moderar inundaciones y procesos de erosión, y proporcionan alimentos, materias primas y recursos económicos a numerosas comunidades. Su degradación también afecta la biodiversidad y la capacidad de adaptación frente al cambio climático.

“Conservar y utilizar sustentablemente los bosques nativos es una obligación legal y una oportunidad para el desarrollo económico y social”, concluyó Jaramillo. El desafío, según la organización, es transformar esa obligación en recursos efectivos, controles y políticas sostenidas de conservación.

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