
La querella argumentó que no se pudo probar que las decisiones del profesional influyeran en el fatal desenlace del exfutbolista.
La querella argumentó que no se pudo probar que las decisiones del profesional influyeran en el fatal desenlace del exfutbolista.
Durante la etapa de alegatos desarrollada ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro, el abogado Félix L’Infante, representante legal de Jana Maradona, pidió la absolución del psicólogo Carlos Díaz. El letrado solicitó que el terapeuta no sea condenado por la muerte de Diego Maradona debido a que no se logró demostrar judicialmente que sus acciones y omisiones estuvieran relacionadas directamente con el fallecimiento del ídolo, argumentando que el profesional no tenía capacidad real de decisión sobre el paciente.
Al exponer frente a los jueces, la querella explicó que, si bien Díaz integraba el grupo que atendía al astro del fútbol durante sus últimos días, no poseía la autoridad necesaria para tomar determinaciones médicas sobre él ni sobre su entorno familiar. Aunque L’Infante calificó el comportamiento del psicólogo como "errática" y en ocasiones "nada agradable", justificó su pedido de inocencia al asegurar que "se inmiscuía en todo, pero poca posición de poder tenía". Bajo este mismo argumento, el abogado también solicitó la absolución del médico clínico Pedro Di Spagna.
Sin embargo, la postura de la querella fue drásticamente diferente y severa con el resto de los profesionales de la salud que coordinaron la polémica internación domiciliaria antes del 25 de noviembre de 2020. Para el neurocirujano Leopoldo Luque, el abogado exigió una pena de 12 años de prisión y 10 años de inhabilitación para ejercer la medicina. En tanto, para la coordinadora médica Nancy Forlini, reclamó 10 años de cárcel y otros 10 de inhabilitación.
Las exigencias de condena continuaron con un pedido de ocho años y dos meses de prisión para la psiquiatra Agustina Cosachov. Finalmente, el representante de Jana Maradona solicitó tres años de prisión para el coordinador Mariano Perroni y otros tres años para el enfermero Ricardo Almirón, a quienes responsabilizó por las fallas en los cuidados del paciente.