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Funcionarios del área exterior destacaron la importancia de la normativa y el diálogo abierto ante el debate por su alcance y objetivos
Funcionarios del área exterior destacaron la importancia de la normativa y el diálogo abierto ante el debate por su alcance y objetivos
Estados Unidos reconoció este jueves que sigue con atención el alcance de la nueva Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. La legislación propone aplicar sanciones contra empresas que exploten recursos naturales en Malvinas sin autorización argentina.
La definición llegó de boca de Christopher Landau, vicesecretario de Estado estadounidense. El funcionario habló durante una conferencia de prensa junto al canciller Pablo Quirno en el Palacio San Martín.
"Las leyes de la Nación Argentina son una cuestión para las autoridades de la Nación Argentina", sostuvo Landau. El número dos de Marco Rubio agregó: "Estamos obviamente viendo con interés los intereses de nuestras empresas".
El diplomático evitó formular cualquier pedido de modificación del proyecto. "Es natural que cualquier país se preocupe por eso", planteó.
Landau cerró su posición con una frase cuidadosa: "Quiero destacar otra vez que nosotros respetamos el proceso legislativo de la gran nación argentina".
La declaración se produjo después de que el Gobierno argentino reconociera contactos con Washington. La preocupación estadounidense se concentra en las consecuencias que podrían tener las sanciones sobre compañías y grandes fondos de inversión de ese país que operan directa o indirectamente en las islas.
Según trascendió, en la Casa Rosada descartan avanzar contra actores financieros de ese peso. Una medida de esas características comprometería la relación bilateral en un momento clave.
El Ejecutivo mantiene una posición dual. Por un lado, sostiene que las observaciones estadounidenses no representan una exigencia formal para retirar la iniciativa. Por otro, cuida no cruzar líneas rojas con Washington.
La decisión oficial es clara: impulsar el tratamiento en el Congreso, pero sin generar un conflicto diplomático de magnitud.
Qué empresas estadounidenses quedarían alcanzadas por las sanciones
La controversia se concentra en el alcance de las penalidades. El texto apunta a empresas que participan directa o indirectamente de proyectos económicos en Malvinas.
El foco principal son los proyectos vinculados con la explotación hidrocarburífera. Allí operan compañías británicas con capitales estadounidenses y fondos de inversión de Wall Street.
El proyecto presentado por el Gobierno busca reemplazar la Ley 26.659. La nueva legislación amplía las herramientas para actuar sobre quienes financien, faciliten o desarrollen actividades de explotación sin autorización argentina.
La iniciativa contempla multas millonarias. También prevé inhabilitaciones comerciales y restricciones para operar en territorio argentino.
Además, el texto incluye mecanismos para que las compañías abandonen las actividades alcanzadas por el régimen. Las empresas tendrían un plazo para desistir de inversiones realizadas bajo licencias que Argentina considera ilegítimas.
