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Los abogados de Mariano Perroni aseguraron que el acusado solo cumplía tareas administrativas y no tenía acceso a la vivienda en Tigre.
Los abogados de Mariano Perroni aseguraron que el acusado solo cumplía tareas administrativas y no tenía acceso a la vivienda en Tigre.
Ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro, la defensa del coordinador de enfermeros Mariano Perroni solicitó formalmente su absolución en la recta final del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona. El pedido judicial fue impulsado por sus abogados con el objetivo de evitar una condena penal por homicidio culposo, argumentando que el profesional médico cumplía tareas puramente administrativas y no tenía ningún tipo de control sobre la internación domiciliaria del astro del fútbol.
El alegato final estuvo encabezado por los abogados Miguel Ángel Pierri y Martín Montalto, quienes rechazaron de manera enfática las imputaciones contra su cliente. Según la explicación de la defensa, el jefe de enfermeros tenía como única función coordinar las guardias y "ni siquiera pudo ingresar a la casa el día de la muerte". Para argumentar la falta de responsabilidad en el country San Andrés,Pierri señaló:"La casa tenía dueños y había personas que decidían quién podía ver a Diego y quién no".
Durante su exposición, el letrado también relató las duras consecuencias personales y familiares que sufrió el enfermero a raíz de las acusaciones, asegurando que "ya está condenado socialmente". Sobre este punto, detalló:"Hace cinco años que está inhabilitado y estigmatizado. No pudo volver a trabajar de enfermero".
Por su parte, el abogado Montalto apoyó esta postura asegurando que el acusado garantizó la cobertura de 24 horas y que "no hubo omisiones que contribuyeran al fallecimiento". Además, le dejó un claro mensaje a los magistrados:"Honrar a Diego no es condenar injustamente, sino absolver a quien se comprobó que no cometió ningún delito".
Actualmente, Perroni enfrenta pedidos de condena que van desde los 3 a los 5 años de prisión por parte de las querellas, mientras que la fiscalía solicitó 4 años de cárcel sumado a 8 años de inhabilitación profesional. Tras el desarrollo de más de 50 audiencias, el extenso proceso judicial ingresó en su etapa de deliberación y se espera que los jueces dicten el veredicto definitivo en diciembre.
