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La decisión del Gobierno nacional de aumentar los subsidios a los colectivos del área metropolitana muestra un doble criterio, con compensaciones para el bole
La decisión del Gobierno nacional de aumentar los subsidios a los colectivos del área metropolitana muestra un doble criterio, con compensaciones para el boleto del centro y la responsabilidad de provincias y municipios para el interior. Los trabajadores, estudiantes y jubilados de Corrientes necesitan la misma protección que los pasajeros del AMBA.
El aumento alcanza a 104 líneas de jurisdicción nacional que acumulan $679.000 millones entre enero y el 19 de octubre, mientras las cámaras empresarias reclamaban $150.000 millones más por año, y la transparencia exige saber cuánto se pagó y qué recibió cada operador.
En febrero de 2024 se eliminó el Fondo Compensador al Transporte Público del Interior, y desde entonces nuestras ciudades sostienen sus servicios con tarifas y recursos provinciales y municipales, mientras se reproduce una Argentina macrocéfala donde lo del centro es nacional y lo del interior, un problema local.
Las consecuencias exceden el boleto, porque la provincia que sostiene el transporte resigna otras políticas, el pasajero pierde ingreso y menos frecuencias significan peor acceso al trabajo, la educación y la salud. Ningún gobierno debería decidir sin criterios objetivos qué pasajeros reciben compensación y cuáles soportan el ajuste.
La responsabilidad alcanza al Congreso, que debe sancionar un régimen federal de financiamiento con una fórmula pública según demanda, vulnerabilidad social, distancias y capacidad fiscal, y con empresas obligadas a acreditar kilómetros, pasajeros y frecuencias, porque el dinero público debe traducirse en prestaciones comprobables.
Si la Nación retira un aporte y el costo reaparece en una provincia, un municipio o una familia, alguien debe explicar quién lo paga. Mientras el presupuesto trate de manera distinta a ciudadanos con necesidades semejantes, el interior seguirá discriminado en algo tan elemental como viajar a trabajar o a estudiar. La igualdad que promete nuestra Constitución quedará en deuda con quienes viven lejos del centro del poder, el domicilio de un argentino no puede determinar cuánto vale su necesidad de viajar.
Noel Eugenio Breard - Senador Provincial UCR
